Isabel Camacho     eldiario.es        25/02/2014 – 22:49h

 

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: padres envueltos en negro recién llegados de Extremadura o Andalucía para acompañar el féretro de un chaval, guardia civil: su hijo asesinado. A gudaris valientes respondiendo silentes a jóvenes que les insultaban por manifestarse contra la barbarie de ETA. A Arantxa Lasa, una mujer atrapada en el dolor y la rabia por la muerte de su hermano enterrado en cal viva por los hombres del general Galindo. Compañeros de universidad detenidos y maltratados por compartir su vida con alguien que una vez conoció a alguien que conocía a otro que conocía a un etarra. A un miembro del servicio  de información de la Guardia Civil queriendo vender una historia para pagar el tratamiento de una madre enferma. A compañeros periodistas a los que un atentado les obligó a abandonar su hogar y transformar su vida en otra ciudad.  

 

Rogar con la mirada a la madre del dirigente de Batasuna ‘Kinito’, confidente del exsubcomisario José Amedo, mientras abría la puerta de su caserío.  A un Dani Díez casi adolescente, dirigente de las juventudes socialistas vascas, cubierto de toneladas de pena por el atentado unas horas antes contra Eduardo Madina. A  generales, policías, confidentes, asesinos, traficantes relacionados con los crímenes de los GAL entrar en los juzgados con altanería, entrenados para la mentira. He visto muchas cosas que no creeríais. Y, sí, todos estos momentos, elegidos al azar por la memoria, se han perdido en el tiempo como lágrimas en la lluvia.

 

Y, sin embargo, me sorprende como a una recién llegada lo que acaba de ocurrir con la Comisión Internacional de Verificación (CIV), ‘Los verificadores’, que bien podría ser el próximo título de una serie televisiva de éxito. No doy crédito a esa procacidad, a esa práctica unanimidad de opiniones contra el grupo internacional de personas con amplia experiencia en la resolución de conflictos. Opiniones que -me refiero a las expuestas en  los medios, porque las de la calle son bien diferentes-, a menudo, causan aturdimiento y suenan como anatemas.  Parece oscuro ese intento de desacreditarles, de ¿informar? De cuánto ganan y quién les paga que algunos ofrecen como una pócima mágica envenenada.

 

No voy a repetir aquí los nombres y curriculums de los expertos componentes de la comisión avalados internacionalmente. Pero, las acusaciones de trabajar para ETA o esa absurda petición de que se les detenga, solo pueden devenir de mentes cautivas de  su ideología o ausentes de todo tipo de moral.

 

Y, por qué nunca se citó a declarar a Felipe González, Aznar, Zapatero, Rubalcaba… en fin a todos aquellos que con una ETA activa trataron de negociar con los terroristas para buscar un camino hacia la paz?

 

En todas las resoluciones de conflictos que en el mundo ha habido figuran intermediarios: personas o grupos ajenos a los mismos; no implicados. Son los deshacedores de entuertos; los que, desde la distancia mental, tratan de conciliar intereses: buscar puntos de encuentro. Así de sencillo.

 

En este caso, solo son verificadores: su única labor es verificar el desarme de ETA. Y es lo que están intentando hacer.

 

La paradoja es que no les dejan. Y, tras la rocambolesca peripecia de tener que comparecer en la Audiencia Nacional –el juez no tenía  obligación de atender la petición de Covite, solo si entendía que podría existir delito, y por lo que ha trascendido, no fue así-, su trabajo va a ser terriblemente complicado. Esa discreción necesaria, ese anonimato imprescindible se ha esfumado; resquebrajado. Es de suponer dado el interés del PP por desbaratar su labor que los servicios secretos de las Fuerzas de Seguridad del Estado les van a pisar los talones. El portavoz de la comisión, Ram Manikkalingam, ha manifestado la voluntad de continuar tras las elecciones europeas en mayo. Pero, ¿y, ETA? ¿Asumirá tanto riesgo? Sus componentes podrían ser capturados. La pregunta es ¿a quién beneficia todo este barullo?

 

En este panorama aparentemente frustrante, se erige una realidad: la ciudadanía vasca en su gran mayoría comprende y respeta la labor de la CIV. Exceptuando al PP y UPyD, todos los grupos políticos vascos avalan la comisión.

 

En este panorama aparentemente frustrante, se erige una realidad: la ciudadanía vasca en su gran mayoría comprende y respeta la labor de la CIV. Exceptuando al PP y UPyD, todos los grupos políticos vascos avalan la comisión. Hasta hace poco, los socialistas de Euskadi, al menos algunas de sus voces más representativas, eran oficialmente críticos con el papel de los expertos. “No los necesitamos para nada, los vascos sabemos lo que tenemos que hacer”, venían a decir. Pero, ahora han dado un giro, y coinciden con el PNV en ese respaldo: han acertado de pleno. Me alegro. No pueden alejarse de la sociedad de esa manera. Han sufrido en su propia piel la vesania de ETA; su terror y han seguido adelante, arriesgado lo más preciado, en aras de la libertad.

 

El PNV está actuando con inteligencia política. La presencia del lehendakari ante la Audiencia Nacional acompañando a la comisión es más que un gesto: es una demostración de sintonía con la sociedad vasca y de dignidad política.

 

La sociedad vasca dio por finiquitada a ETA en octubre de 2011. Cómo entrega la armas, si lo hace bajo una escenografía cutre o bajo la dirección de un discípulo de Scorcese, le es indiferente. Es anecdótico y sirve para llenar las páginas de Twitter y Facebook y llenar horas de radio y televisión. Nada más. Lo que los vascos piden es que desaparezca del todo; que se convierta en pasado. No quieren ver más capuchas. Les exige que no zascandileen y reconozcan el daño causado –en parte, creo que ya se empezado a hacer-. La ciudadanía vasca quiere cerrar el libro  negro de ETA y arrojarlo a un tonel de malvasía. Muchas víctimas, ellas sí, no podrán. Pero, algún día, todo formará parte del pasado, se  perderá en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.

 

 

Desde <http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/cosas-creeriais-asombra-procacidad-verificadores_6_232786745.html>

 

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