Presos, violencias y responsabilidades (Humilde aportación para lo del «relato compartido»)

Pedro Ibarra Güell, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga Profesores de la UPV-EHU,

Uno de los retos que tiene la ponencia sobre la paz y la convivencia es el de la construcción colectiva de la memoria: el relato compartido de qué es lo que ha pasado. Parece difícil lograr que surjan definiciones, explicaciones y justificaciones compartidas por todos de lo que ha pasado. Recordemos en esta línea la reciente bronca en el Parlamento tanto sobre el carácter político del conflicto y de los presos, como sobre el tema de la responsabilidad de la violencia. Dificultades analíticas a las que se añaden las contextuales. Pocas ganas tendría que tener Bildu en compartir nada frente a la sistemática, arbitraria e injusta campaña represiva del Estado. Condenas políticas, detenciones, amenazas de ilegalización, juicios políticos pendientes, inmovilismo en la política penitenciaria, etc.

En todo caso merece la pena intentarlo. Para ello no estaría mal introducir algo de racionalidad en la descripción de los hechos que deban someterse a debate de cara a lograr una genérica conformidad sobre los mismos. Racionalidad quiere decir, entre otras cosas, que no se puede negar la existencia de determinados procesos causales porque no nos gustan o porque los consideramos desacertados. Hay que reconocer cómo se desarrollaron realmente, al margen de cómo los interpreten y valoren sus protagonistas, o los afectados, o los espectadores. Con esta ingenua pretensión de enmarque analítico racional -aunque a lo mejor es solo razonable- tratemos de describir algunos acontecimientos sustanciales. En concreto los que como antes indicábamos hacen referencia a la dimensión política del conflicto y a alguna de sus consecuencias. Así lo que sigue puede ser una muestra de lo que creemos podría ser un relato compartido sobre esos hechos. Reiteramos. Es solo una parte de lo que nosotros y muchos lectores de este artículo creen que ha pasado. Pero es una parte en la que todos podrían estar de acuerdo . Y si así fuese, ese acuerdo en ese relato daría mayor consistencia a una deseable y futura convivencia.

En primer lugar, conviene recordar que un significativo grupo de presos (Otegi, por supuesto, pero también bastantes más) están en prisión porque su actividad política ha sido condenada. Se nos dirá que los tribunales han valorado negativamente esta actividad política en cuanto que la misma -dicen- favorecía a organizaciones violentas. De acuerdo. Pero además de lo profundamente injusto que pueda parecernos tal criminalización judicial, el hecho es que la Justicia reconoce que tales presos están en la cárcel por causa de su actividad política. Por tanto en este extremo hay poco que discutir. Son presos políticos. Sin más.

El segundo grupo de presos lo constituyen aquellos condenados a la cárcel por delitos tales como asesinatos, secuestros, estragos, etc. Esos presos cometieron esas violencias en la convicción que con la misma se podrían obtener objetivos políticos. La violencia se utilizaba como un instrumento para lograr cambios políticos. No es ya el momento de criticar esa creencia instrumental, ni de reprobar éticamente esos actos. Ahora tan solo tenemos que preguntarnos si realmente existió esa conexión, si realmente los militantes de ETA creían que su programada acción violenta tenia como objetivo -no único pero sí central- el lograr determinados cambios políticos. Que por tanto esa -no única, pero sí prioritaria- razón, es lo que les llevó en su momento a cometer esos delitos. La contestación solo puede ser una: lo hicieron por esas razones.

En consecuencia esos presos están en la cárcel por delitos cometidos a causa de una motivación política. Ciertamente no han sido condenados por su actividad política, sino por las violencias cometidas. Pero esa violencia por la que están en la cárcel está causada por una convicción política. Desde la perspectiva jurídica tal motivación resulta irrelevante. Pero si lo que ahora nos ocupa es contar las cosas como realmente ocurrieron el hecho es que la motivación política constituyó una dimensión determinante en la comisión del delito y su correspondiente condena. Por tanto resulta racional … y real que la misma aparezca en la descripción de su estatus carcelario. Presos por delitos violentos causados por motivación política podría ser una definición -aunque un poco larga- incorporable a un relato compartido .

El otro tema es el de la evitabilidad de las muertes, el de la responsabilidad de la mismas. Avanzar en la construcción de la memoria compartida hace necesario situar en un plano distinto valoraciones y justificaciones a la hora de describir los acontecimientos. En este sentido hay que ser muy estricto en la asignación de responsabilidades y hacer el esfuerzo de distinguir contextos proclives o facilitadores, culpabilidades y responsabilidades.

En este país existía y existe un conflicto político. El conflicto existe porque significativos sectores de la población vasca entienden que el País Vasco es una nación que debe ser independiente. Y existe porque instituciones y gobiernos de España impiden tanto tal independencia como el proceso para lograrla. En consecuencia la oposición entre dos visiones y opciones diametralmente opuestas sobre esta cuestión nacional es la que define el conflicto. La que define y lo alimenta. Y por la que el conflicto se expresa, se manifiesta y hace público. Esa mayoría no vive con la misma intensidad y correspondiente frustración esa creencia y deseo. Tampoco esa mayoría comparte cual debe ser el proceso para lograr esa independencia.

Creemos que esta descripción de un conflicto nacional con consecuencias políticas, es decir, un conflicto político, es real. Describe lo que pasa. Lo que le pasa a la gente y lo que piensa la gente sobre lo que le pasa (no evidentemente lo que debería de pensar). Al mismo tiempo, es una definición firme en cuanto afirma que el conflicto nacional político ha existido, existe y existirá. Este conflicto -esta confrontación latente y también abierta- ha tenido distintas intensidades y distintos culpables dentro del marco jurídico político negador de la misma existencia del conflicto y por tanto de la legitimidad de la exigencia de independencia.

En un determinado momento histórico ETA llegó a la conclusión de que era necesario el uso de la violencia -la estrategia armada- para resolver este conflicto político en favor de las exigencias de la opción independentista vasca. En consecuencia, ETA toma una decisión político estratégica insertada/ligada a un conflicto político existente. Por otro lado la percepción de la gran mayoría de la población de la gravedad de la situación vivida, basada en la mayor intensidad de la imposición política del estado dictatorial franquista, alimenta la decisión política radical violenta. Así es en el escenario de un conflicto político nacional de donde surge una respuesta política armada. Y esa opción por la violencia política aparece como más comprensible dada la mayor tensión -la mayor intensidad en la agresión- vivida en ese escenario.

La decisión de ETA no resultó objetivamente inevitable. El conflicto político no genera una situación en la que la respuesta violenta era una respuesta obligada, una inevitable exigencia de estricta supervivencia. Las condiciones de vida -en todas sus dimensiones- de aquellos tiempos (y por supuesto también de los posteriores) no obligaba a una respuesta basada en un objetivo estado de necesidad que exigiese defenderse con medidas radicales de eliminación de aquellos que no compartían ese reconocimiento.

El discurso de ETA en aquellos tiempos introdujo esta cuestión de la supervivencia para dar mayor carácter de inevitabilidad a sus decisiones. Decía que la Nación Vasca estaba en situación de agonía, de peligro de desaparición , lo que exigía -hacía inevitable- la violencia. La misma se planteaba como la única defensa posible ante un extremo estado de necesidad. Como decimos antes de lo que se trata es de hacer un relato ceñido a lo que ocurrió y no asumir relatos que nos describen lo que debería de haber ocurrido, lo que ellos -los relatadores- deciden que ha ocurrido para así cimentar su decisiones. Lo que ocurrió es que la situación de los ciudadanos vascos, sin duda marcada por la injusticia y desigualdad, no estaba caracterizada por el riesgo de eliminación, de extinción de los mismos, lo que sí hubiese justificado la respuesta radical extrema, la respuesta de defensa ante esa amenaza inminente y creíble. Y es evidente que como no se puede antropomorfizar el concepto de nación resulta imposible aplicarle esta categoría de agonía.

La violencia se produjo por que ETA consideró que la vía más adecuada para cambiar la situación/marco político del país era el uso de violencia. ETA es la responsable de tomar la decisión de actuar violentamente. No existe pues responsabilidad de otros actores políticos o sociales en esa decisión en la medida que los mismos hubiesen obligado a ETA a actuar violentamente. Ni tampoco existió ninguna responsabilidad objetiva, estructural. Es decir, una situación política que hubiese hecho inevitable esa decisión. La decisión de ETA a favor de la violencia tiene como causa la motivación política. Es su motivación política -su creencia política, su deseo político- , y no la inexorabilidad de la realidad política, la que conduce a la violencia. Creo que este punto no es de los más difíciles de asumir y compartir en el relato de lo real. Y lo real nada tiene que ver con destinos inexorables y necesidades; la violencia política implicó una opción estratégica que se correspondía con otra opción en las creencias y el análisis político

ETA pues fue responsable de sus acciones. Responsabilidad probablemente atenuada. Pero responsabilidad y no hechos -dolor- natural, inevitable.

24 abril 2013