Pedro Ibarra Güell, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga Profesores de la UPV-EHU,
Uno de los retos que tiene la ponencia sobre la paz y la convivencia es el de la construcción colectiva de la memoria: el relato compartido de qué es lo que ha pasado. Parece difícil lograr que surjan definiciones, explicaciones y justificaciones compartidas por todos de lo que ha pasado. Recordemos en esta línea la reciente bronca en el Parlamento tanto sobre el carácter político del conflicto y de los presos, como sobre el tema de la responsabilidad de la violencia. Dificultades analíticas a las que se añaden las contextuales. Pocas ganas tendría que tener Bildu en compartir nada frente a la sistemática, arbitraria e injusta campaña represiva del Estado. Condenas políticas, detenciones, amenazas de ilegalización, juicios políticos pendientes, inmovilismo en la política penitenciaria, etc.
En todo caso merece la pena intentarlo. Para ello no estaría mal introducir algo de racionalidad en la descripción de los hechos que deban someterse a debate de cara a lograr una genérica conformidad sobre los mismos. Racionalidad quiere decir, entre otras cosas, que no se puede negar la existencia de determinados procesos causales porque no nos gustan o porque los consideramos desacertados. Hay que reconocer cómo se desarrollaron realmente, al margen de cómo los interpreten y valoren sus protagonistas, o los afectados, o los espectadores. Con esta ingenua pretensión de enmarque analítico racional -aunque a lo mejor es solo razonable- tratemos de describir algunos acontecimientos sustanciales. En concreto los que como antes indicábamos hacen referencia a la dimensión política del conflicto y a alguna de sus consecuencias. Así lo que sigue puede ser una muestra de lo que creemos podría ser un relato compartido sobre esos hechos. Reiteramos. Es solo una parte de lo que nosotros y muchos lectores de este artículo creen que ha pasado. Pero es una parte en la que todos podrían estar de acuerdo . Y si así fuese, ese acuerdo en ese relato daría mayor consistencia a una deseable y futura convivencia.
En primer lugar, conviene recordar que un significativo grupo de presos (Otegi, por supuesto, pero también bastantes más) están en prisión porque su actividad política ha sido condenada. Se nos dirá que los tribunales han valorado negativamente esta actividad política en cuanto que la misma -dicen- favorecía a organizaciones violentas. De acuerdo. Pero además de lo profundamente injusto que pueda parecernos tal criminalización judicial, el hecho es que la Justicia reconoce que tales presos están en la cárcel por causa de su actividad política. Por tanto en este extremo hay poco que discutir. Son presos políticos. Sin más.