Pedro Ibarra Güell, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga Profesores de la UPV-EHU,
Uno de los retos que tiene la ponencia sobre la paz y la convivencia es el de la construcción colectiva de la memoria: el relato compartido de qué es lo que ha pasado. Parece difÃcil lograr que surjan definiciones, explicaciones y justificaciones compartidas por todos de lo que ha pasado. Recordemos en esta lÃnea la reciente bronca en el Parlamento tanto sobre el carácter polÃtico del conflicto y de los presos, como sobre el tema de la responsabilidad de la violencia. Dificultades analÃticas a las que se añaden las contextuales. Pocas ganas tendrÃa que tener Bildu en compartir nada frente a la sistemática, arbitraria e injusta campaña represiva del Estado. Condenas polÃticas, detenciones, amenazas de ilegalización, juicios polÃticos pendientes, inmovilismo en la polÃtica penitenciaria, etc.
En todo caso merece la pena intentarlo. Para ello no estarÃa mal introducir algo de racionalidad en la descripción de los hechos que deban someterse a debate de cara a lograr una genérica conformidad sobre los mismos. Racionalidad quiere decir, entre otras cosas, que no se puede negar la existencia de determinados procesos causales porque no nos gustan o porque los consideramos desacertados. Hay que reconocer cómo se desarrollaron realmente, al margen de cómo los interpreten y valoren sus protagonistas, o los afectados, o los espectadores. Con esta ingenua pretensión de enmarque analÃtico racional -aunque a lo mejor es solo razonable- tratemos de describir algunos acontecimientos sustanciales. En concreto los que como antes indicábamos hacen referencia a la dimensión polÃtica del conflicto y a alguna de sus consecuencias. Asà lo que sigue puede ser una muestra de lo que creemos podrÃa ser un relato compartido sobre esos hechos. Reiteramos. Es solo una parte de lo que nosotros y muchos lectores de este artÃculo creen que ha pasado. Pero es una parte en la que todos podrÃan estar de acuerdo . Y si asà fuese, ese acuerdo en ese relato darÃa mayor consistencia a una deseable y futura convivencia.
En primer lugar, conviene recordar que un significativo grupo de presos (Otegi, por supuesto, pero también bastantes más) están en prisión porque su actividad polÃtica ha sido condenada. Se nos dirá que los tribunales han valorado negativamente esta actividad polÃtica en cuanto que la misma -dicen- favorecÃa a organizaciones violentas. De acuerdo. Pero además de lo profundamente injusto que pueda parecernos tal criminalización judicial, el hecho es que la Justicia reconoce que tales presos están en la cárcel por causa de su actividad polÃtica. Por tanto en este extremo hay poco que discutir. Son presos polÃticos. Sin más.