Pedro Ibarra Güell, José Manuel Castells y Jon Gurutz Olaskoaga Profesores de la UPV-EHU,

Uno de los retos que tiene la ponencia sobre la paz y la convivencia es el de la construcción colectiva de la memoria: el relato compartido de qué es lo que ha pasado. Parece difícil lograr que surjan definiciones, explicaciones y justificaciones compartidas por todos de lo que ha pasado. Recordemos en esta línea la reciente bronca en el Parlamento tanto sobre el carácter político del conflicto y de los presos, como sobre el tema de la responsabilidad de la violencia. Dificultades analíticas a las que se añaden las contextuales. Pocas ganas tendría que tener Bildu en compartir nada frente a la sistemática, arbitraria e injusta campaña represiva del Estado. Condenas políticas, detenciones, amenazas de ilegalización, juicios políticos pendientes, inmovilismo en la política penitenciaria, etc.

En todo caso merece la pena intentarlo. Para ello no estaría mal introducir algo de racionalidad en la descripción de los hechos que deban someterse a debate de cara a lograr una genérica conformidad sobre los mismos. Racionalidad quiere decir, entre otras cosas, que no se puede negar la existencia de determinados procesos causales porque no nos gustan o porque los consideramos desacertados. Hay que reconocer cómo se desarrollaron realmente, al margen de cómo los interpreten y valoren sus protagonistas, o los afectados, o los espectadores. Con esta ingenua pretensión de enmarque analítico racional -aunque a lo mejor es solo razonable- tratemos de describir algunos acontecimientos sustanciales. En concreto los que como antes indicábamos hacen referencia a la dimensión política del conflicto y a alguna de sus consecuencias. Así lo que sigue puede ser una muestra de lo que creemos podría ser un relato compartido sobre esos hechos. Reiteramos. Es solo una parte de lo que nosotros y muchos lectores de este artículo creen que ha pasado. Pero es una parte en la que todos podrían estar de acuerdo . Y si así fuese, ese acuerdo en ese relato daría mayor consistencia a una deseable y futura convivencia.

En primer lugar, conviene recordar que un significativo grupo de presos (Otegi, por supuesto, pero también bastantes más) están en prisión porque su actividad política ha sido condenada. Se nos dirá que los tribunales han valorado negativamente esta actividad política en cuanto que la misma -dicen- favorecía a organizaciones violentas. De acuerdo. Pero además de lo profundamente injusto que pueda parecernos tal criminalización judicial, el hecho es que la Justicia reconoce que tales presos están en la cárcel por causa de su actividad política. Por tanto en este extremo hay poco que discutir. Son presos políticos. Sin más.

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Lokarri

La importancia del fondo, lo positivo de las formas

Una de las bases fundamentales para la convivencia es garantizar la libertad y seguridad

A raíz de la detención de las personas condenadas por el Tribunal Supremo por pertenencia a Segi, Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere subrayar la importancia de no perder la perspectiva sobre el fondo del asunto.

Una de las bases fundamentales para la construcción de la convivencia es garantizar la libertad y seguridad de todas las personas para participar en la vida social y política. Durante muchos años hemos visto cómo este derecho fundamental ha sido vulnerado por medio de la violencia y la exclusión. La acción de ETA por un lado, y la aplicación de la teoría del entorno por parte del Gobierno y los tribunales, por otro, han impedido el libre ejercicio de la actividad política.

Las personas hoy arrestadas han sido condenadas única y exclusivamente por su pertenencia y actividad en una organización política. No lo han sido por emplear medios violentos para conseguir sus objetivos políticos. Por tanto, esta condena es una vulneración de derechos fundamentales.

Lokarri quiere subrayar que, si queremos articular una convivencia respetuosa con el diferente, que garantice el pluralismo y la libertad de acción y pensamiento, este tipo de vulneraciones de derechos humanos deben terminar. Son un obstáculo a la convivencia y la normalización.

En este sentido, queremos hacer un llamamiento especial al Gobierno y a la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco. Ambos han manifestado que, entre sus principales objetivos, está contribuir a la convivencia. Es por ello que Lokarri considera que deben actuar para garantizar la participación política libre y segura de toda la ciudadanía vasca. Desafortunadamente, está previsto que haya más juicios contra personas por su participación en organizaciones políticas, y otras se encuentran en prisión por esta misma razón, por lo que es prioritario y urgente adoptar decisiones y medidas concretas para que nadie más sea procesado o condenado por ejercer la libertad democrática fundamental de actuar y participar en la vida política.

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Santiago Alba Rico

«La movilización de Herrira es una mala noticia», en palabras del autor, pues indica que los Estados español y francés continúan sin respetar los derechos de los presos. Y ello, en un contexto con cambios esperanzadores que parecen alumbrar el camino, mientras la normalización jurídica y humana se retrasa, obstaculizando el proceso y prolongando el sufrimiento. Analiza la batería de medidas y reformas aplicadas a un tipo concreto de delito («terrorismo») y a un determinado sector de la población (la vasca), y defiende que constituyen instrumentos de «revancha». Finalmente, plantea que no son cosas de vascos, que afectan solo a los vascos «terroristas»; y responde a la pregunta de «¿por qué debería preocuparnos a los españoles?».

Una vez más el próximo mes de enero la sociedad vasca se movilizará en favor de los derechos de los presos, en esta ocasión en respuesta a la convocatoria de Herrira: «Derechos humanos. Solución. Paz. Euskal presoak Euskal Herrira!». Una movilización parece siempre una buena noticia en la medida en que expresa conciencia colectiva y solidaridad activa; pero lo que en realidad expresan las movilizaciones es la persistencia de una injusticia antes que la resistencia frente a ella. La movilización de Herrira es una mala noticia, pues indica que los Estados español y francés siguen sin respetar, un año más, los derechos de los presos. Mientras algunos cambios esperanzadores parecen alumbrar el camino de la normalización política de Euskal Herria, la normalización jurídica y humana se retrasa, obstaculizando no sólo el proceso propiamente político sino prolongando además, al margen del Derecho, el sufrimiento de los presos y sus familias.

Desde 1989, el Estado español aplica una premeditada política de dispersión que obliga a 605 de los 613 presos que componen el Colectivo de Presos Políticos Vascos a cumplir su condena lejos de su entorno afectivo. Esta medida, que vulnera los derechos más elementales de los detenidos, vulnera también los de sus familiares, a los que se extiende el castigo en aplicación de un principio prejurídico y «primitivo»: el de que el parentesco -o el simple afecto- es equivalente a un delito. La dificultad para las visitas, derecho de las dos partes, se convierte así en un castigo adicional para los presos y en un tormento para sus familias, cuyos desplazamientos a las cárceles entrañan costes económicos y riesgos de accidentes que se suman a la angustia de la separación y la distancia. Los derechos deberían respetarse al margen de cualquier contenido emocional, pero conviene recordar que muchos de los afectados son padres, hermanos o compañeros y sufren como padres, hermanos o compañeros, dolor que no tiene ninguna coloración política y que, por eso mismo, nos interpela a todos por igual.

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Bajo el seudónimo de F. Newton publicó sus crónicas de jazz el recientemente fallecido historiador Eric Hobsbawm. La música jazz se está perpetuamente reinventando en improvisaciones sin fin sobre una base dada, un tiempo y un ritmo.

Hoy, cuando el tiempo vital de Hobsbawm se ha agotado, nos quedan sus escritos y aportaciones y, entre ellas, la llamada «invención de la tradición», también conocida como «invención patriótica».

Quiero dedicarle, sobre ella, dos palabras de recuerdo, casi improvisadas, para socializar, tanto la importancia de su aportación, como las interpretaciones torticeras que de ella se han hecho entre nosotros.

Cuando Eric Hobsbawm, un luchador de izquierdas y marxista nacido con la victoria de la revolución soviética, planteó su «invención patriótica» , no utilizó un punto de vista idealista para su conceptualización, antes al contrario, y recurriendo a sus propios términos, trató de analizar históricamente una verdadera ingeniería de la construcción de los individuos correspondientes a la creación de los grandes estados (concretamente Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU). No ha hablado, pues, como historiador de la plasmación histórica de comunidades culturales homogéneas, sino de la construcción de grandes estados aglutinantes, tanto de distintas culturas como de lenguas, y que, necesariamente, impulsan en ese proceso alguna de ellas en detrimento de las demás.

Sin embargo, ha sido este mismo autor, conscientemente mal leído e interpretado, el que ha constituido la base teórica e histórica de aquellos analistas euskarafóbicos que pretenden aplicar al desarrollo histórico-político de una comunidad lingüística y cultural como la vasca los esquemas de construcción nacional que los grandes estados han desarrollado a partir de los dos últimos siglos. Encontramos en este empeño a antropólogos como J. Aranzadi , M. Azurmendi o Martínez Gorriarán , a historiógrafos como J. Juaristi y P. Unzueta, que mantienen que todo nacionalismo es solamente una invención cuando, siguiendo precisamente a Eric Hobsbawm, lo que deberían analizar sería el intento histórico de construir la nación española o francesa a costa de comunidades lingüístico-culturales tan diferenciadas y cohesionadas internamente como la vasca. Para estos analistas euskarafóbicos, por ejemplo, una producción teatral del tipo de la pastoral zuberotarra no tiene ningún valor ni significado específico. En su opinión, no se trata más que de una práctica popular mitificada por el nacionalismo y que puede encontrarse en otros contextos y tiempos sin ninguna necesidad de erudición particular. Lo mismo nos dirán del bertsolarismo o de las formas populares de competiciones deportivas, de las formas diferenciadas de juegos infantiles… Cuando hablan de las ikastolas o de las distintas formas de las escuelas vascas utilizan el mismo esquema, es decir, éstas son tratadas como prácticas educativas mitificadas por el nacionalismo vasco, pero sin ningún tipo de caracterización específica. En definitiva, todos estos argumentos son válidos para justificar a nivel ideológico la inexistencia de un País Vasco con formas propias de convivencia y de auto-reproducción. Se trata de negar académicamente la misma existencia de Euskal Herria.

Sin embargo, tal y como hemos explicado más arriba, y por encima de cualquier prejuicio académico, las prácticas sociales que estamos citando (bertsolarismo, pastorales , ikastolas u otras…) son fundamentalmente producciones de una determinada formación social. Es decir, de ninguna manera invenciones ideales, como han pretendido hacernos creer los investigadores académicos a que nos hemos referido. Las citadas manifestaciones culturales tienen su historia. Los individuos que se «construyen» por medio de ellas, también. Hacer aparecer de la manera más nítida posible estas historias, y observarlas y analizarlas teóricamente ha sido el objetivo del recientemente fallecido Eric Hobsbawm y de los que, de alguna manera, hemos intentado investigar la sociedad y sus contradicciones siguiendo su estela. Un objetivo realmente necesario para comprender esas características diferenciadoras que construyen comunidad y cultura. Que hacen historia.

En este camino, sin duda, hay mucho que analizar y que aprender de la historia de Euskal Herria. Es decir, cómo se ha criado y educado el ciudadano y el individuo en el ámbito de la cultura vasca, y en definitiva, cómo se ha producido el tipo social vasco a partir de las escuelas, las ikastolas (o en la terminología que en su día acuñó el poeta Lauaxeta, en las irakastolas). Trataremos pues, de hacer la pequeña historia de estas pequeñas aportaciones a la forma cultural-nacional vasca, éste será el mayor homenaje que le podamos tributar a Hobsbawm tras su muerte.

De cualquier manera, cuando hablamos de nacionalismo deberíamos ser lo suficientemente claros para poder explicitarlo de la manera más exacta posible, ya que el término «nacionalismo» se encuentra hoy contaminado de raíz . No podemos identificar de la misma manera el nacionalismo correspondiente a la reivindicación social y política de una cultura minorizada, y el nacionalismo fruto del privilegio estatalista que se concede a una identidad cultural por encima de las de otros pueblos circundantes. No se puede hablar de la misma manera del nacionalismo de los pueblos colonizadores y de sus metrópolis, y del nacionalismo de los pueblos colonizados y/o en proceso de liberación . Estas evidencias y sus consecuencias, tanto en la investigación cultural como en las reivindicaciones políticas, quizás hoy más presentes que nunca una vez superado lo que el llamó «el siglo corto» (el siglo XX), marcan el tiempo y el ritmo de este adiós que le debemos al gran maestro Eric Hobsbawm.

Fito Rodriguez, * Profesor de la UPV-EHU – Miércoles, 2 de Enero de 2013

Son muchos los tópicos a desterrar por tratar frívolamente asuntos de derechos humanos y, a la postre, por atentar contra ellos. Uno de los más manidos últimamente es aquél según el cual no se pueden equiparar, porque no son equiparables, las víctimas de ETA con otras víctimas. La argumentación detrás del topicazo es que, al reconocer que hay otras víctimas, se legitima el terrorismo. Pero reconocer a otras víctimas es, en realidad, cumplir con obligaciones marcadas en diversos tratados internacionales de derechos humanos; y si a algo o a alguien legitima el cumplimiento de esos tratados, es al Estado de Derecho, no al terrorismo.

Esta letanía se hace además insufrible porque, hasta la fecha, nadie ha podido explicar convenientemente en qué consiste eso de equiparar, porque el derecho internacional establece que toda víctima de una vulneración de los derechos humanos tiene derecho a verdad, justicia y reparación; y resulta evidente que las medidas de verdad, justicia y reparación han de ajustarse a cada víctima y sus circunstancias. ¿En qué consiste, por tanto, la equiparación?

Se ha llegado a reforzar el topicazo diciendo que no cabe reconocer, por ejemplo, la existencia de víctimas de tortura en Euskadi, ya que no hay un problema de justificación de esta práctica, pues nadie ha organizado manifestaciones a favor de la tortura; mientras que sí ha habido manifestaciones a favor de ETA, y por tanto hay un problema de que se ha justificado la existencia de ETA.

No sabemos si con esto se trata de rizar el rizo o mezclar churras con merinas. El derecho internacional no establece algún tipo de restricción al reconocimiento de un modelo de víctima en función de posibles manifestaciones -conexas o no- ni siquiera si éstas son en favor de los victimarios de otras víctimas. Y el colmo viene cuando se acude a la técnica del calamar, emborronándolo todo, preguntando si un terrorista al que le estalla la bomba cuando la va poner es una víctima; o se intenta difuminar el calado del drama de una víctima diciendo que «a este paso, va a ser necesario reconocer que una víctima de una violación también es una víctima, y las víctimas de violencia doméstica también son víctimas. Todo el mundo es víctima». Como afirmaba cierto representante político.

Pues no todo el mundo es víctima, no; pero sí lo es toda persona que haya visto vulnerados sus derechos a la vida y a la integridad física o psíquica. Aquí y en todo el mundo, salvo en el rancio mundo de los tópicos.

Reconocer a otras víctimas es cumplir con obligaciones marcadas en varios tratados de derechos humanos

Los topicazos trivializan la realidad y se usan para disimular realidades incómodas para el poder

Las víctimas de la violencia machista o de género -que no violencia doméstica (otro error malintencionado)- por supuesto que tienen los mismos derechos a la verdad, justicia, reparación y no discriminación que las demás víctimas de conculcaciones de derechos humanos. Sin embargo, resulta habitual considerar que esta violencia se reduce a las agresiones físicas más evidentes. Algunos medios de comunicación hablan de «otra víctima de violencia de género», para hacer referencia a una mujer asesinada. Cuando la realidad es que debajo de esa «punta del iceberg» hay todo un arsenal de conductas lesivas que quedan generalmente invisibilizadas. Entre ellas, la violencia psicológica o la sexual, cuyas consecuencias en el largo plazo pueden ser devastadoras.

Además, se parte de la base de que la denuncia es la única puerta de entrada para la realización de los derechos de las víctimas. Desde esta posición, los gobiernos y administraciones parecen no tomar conciencia de las dificultades que hacen que la mayoría de mujeres no denuncie; especialmente mujeres mayores o mujeres migrantes en situación irregular. Tampoco parecen reconocer el calvario que supone para estas víctimas el proceso judicial, que a menudo termina infructuosamente con archivos, absoluciones, e incluso contradenuncias. Este mito parte de la visión reduccionista del Estado igual a juez y policía. Así, cuando se habla de tantas mujeres asesinadas y que «solo» cuatro habían denunciado, cabe preguntar: ¿Acudieron a su centro de salud, donde se pudo detectar esta situación? ¿Tenían hijos/as en edad escolar que pudieron presentar indicadores? ¿Tomaron contacto con los servicios sociales?

Por último, en tiempos de crisis, los derechos sociales y económicos también son pasto de estos lugares comunes. Y también en este ámbito se sigue la técnica de elevar a regla lo que es una excepción.

Uno de los topicazos más odiosos a desterrar viene a decir que los pobres lo son porque quieren, porque son vagos y prefieren vivir de las ayudas sociales que de su trabajo. Pero no se menciona la falta de empleo, y así se culpabiliza a las personas preceptoras de ayudas sociales por un problema que ellas no han generado. Y de ahí vamos subiendo de nivel: existe un fraude generalizado en el cobro de ayudas sociales y no existen controles suficientes para evitarlo. Cuando no solo es que no existan controles, sino que desde las administraciones se ponen cada vez más dificultades para acceder a las ayudas.

De ahí pasamos a que las ayudas sociales son un lastre para la economía, cuando éstas son infinitamente menores, por ejemplo, que las ayudas prestadas a los bancos. Y las joyas de la corona: los jóvenes van a trabajar al extranjero por espíritu aventurero y los parados de larga duración lo son porque cogen «malos hábitos». Tópicos que «infantilizan» a las personas desempleadas. De la misma manera que el falso mito de que las personas migrantes vienen a quitarnos el trabajo y las ayudas sirve de excusa para conculcar sus derechos sociales y económicos.

Los topicazos trivializan la realidad y se usan para disimular realidades incómodas para el poder. De esta forma, pervierten de forma grave el discurso político y dificultan encontrar soluciones a los problemas reales. Por el contrario, para combatir la pereza acrítica que fomenta su uso, hace falta educación, de calidad… y sin recortes.
Asociación Pro Derechos Humanos Argituz, por Andrés Krakenberger, Juan Ibarrondo, Olatz Landa e Izaskun Alonso – Sábado, 29 de Diciembre de 2012

Andres Krakenberger, Juan Ibarrondo, Olatz Landa eta Izaskun Alonso I Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartea

Bada, mundu oro ez da biktima, ez; bai, ordea, pertsona oro, bizitzarako eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideak urratu zaizkionean. Hemen eta mundu osoan, topikoen mundu zaharkituan izan ezik

Asko dira giza eskubideen arazoak arinkeriaz hartzeagatik eta horien aurka eraso egiteagatik baztertu beharreko topikoak.

Aspaldi honetan gehien erabilienetako bat da ETAren biktimak eta gainerako biktimak ezin direla parekatu, parekaezinak direlako. Topikotzar horren atzean dagoen argudioa da beste biktima batzuk onartzean terrorismoa legitimatzen dela. Baina beste biktima batzuk daudela onartzea, giza eskubideen inguruko nazioarteko hainbat hitzarmenetan ezarritako betekizunak betetzea baino ez da, eta hitzarmen horiek ezer edo inor legitimatzekotan, Zuzenbide Estatua legitimatzen dute, eta ez terrorismoa.

Letania hori, gainera, jasanezina egiten da, egunera arte inork ezin izan duelako azaldu zertan datzan parekatze hori, giza eskubideen urraketa pairatu duten biktima guztiek egia, justizia eta ordaintzarako eskubidea dutela ezartzen duelako nazioarteko zuzenbideak; eta agerikoa da egia, justizia eta ordaintzarako neurriek biktima bakoitzaren eta bere zirkunstantzien araberakoak izan behar dutela. Beraz, zertan datza parekatzea?

Topikotzarra indartu ere, indartu da, adibidez, Euskadin torturaren biktimak aitortzerik ez dagoela esanez; izan ere, ez dago praktika hori justifikatzeko arazorik, inork ez duelako torturaren aldeko manifestaziorik antolatu. ETAren aldeko manifesta- ziorik, ordea, egon da, eta beraz, ETA izatea justifikatu izanaren arazoa dago.

Ez dakigu horrekin izurra izurtu gura ala hezeak eta iharrak nahastu nahi diren. Nazioarteko zuzenbideak ez dio mugarik jartzen biktima-eredu bat litezkeen manifestazioen arabera aitortzeari, ezta horiek beste biktima batzuen biktimarioen aldekoak badira ere. Eta akabua dator txibiaren teknikara jotzen denean, den-dena lokaztuz, hau da, terrorista bat lehergailua jartzera doanean eta lehergailuak eztanda egiten dionean pertsona hori biktima den galdetzen denean; edo biktima baten dramaren garrantzia honelakoak esanez lausotu nahi denean: «horrela, bortxakeria baten biktima ere bik- tima dela, eta etxeko indarkeriaren biktimak ere biktima direla aitortu beharko da. Mundu oro biktima da». Ordezkari politiko batek zioen bezala.

Bada, mundu oro ez da biktima, ez; bai, ordea, pertsona oro bizitzarako eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubideak urratu zaizkionean. Hemen eta mundu osoan, topikoen mundu zaharkituan izan ezik.

Zeresanik ez dago indarkeria matxistaren edo genero-indarkeriaren biktimek -eta ez etxeko indarkeriarenek (asmo txarreko beste akats bat)- giza eskubideak urratuta izan dituzten beste biktima batzuen egia, justizia eta ordaintzarako eskubide berberak dituztela. Hala ere, indarkeria hori eraso fisikorik nabarmenetara mugatzen dela uste ohi da. Hedabide batzuek «genero-indarkeriaren beste biktima» batez hitz egiten dute, eraildako emakume baten berri ematerakoan. Egia izanda, ikusezin bihurtu ohi diren jokabide kaltegarri andana dagoela «icebergaren punta» horren azpian, eta horien artean, indarkeria psikologikoa edo sexu-indarkeria, epe luzera ondorio suntsitzaileak izan ditzaketenak, alegia.

Gainera, biktimen eskubideak gauzatzeko sarbide bakarra salaketa dela hartzen da abiapuntutzat. Jarrera horretatik, gobernuak eta administrazioak ez omen dira konturatzen emakume gehienak ez salatzera eramaten dituzten zailtasunez, eta bereziki, arauz kanpoko egoeran dauden emakume adindu edo etorkinen kasuan. Ez bide dute aitortzen prozesu judizialak biktima horientzat suposatzen duena, sarritan inolako emaitzarik gabe amaitzen baitira, eta baita artxibo, absoluzio eta aurkako salaketez ere. Mito hori Estatua eta epailea eta polizia parekatzeko ikuspegi erredukzionistatik dator. Hartara, eraildako emakumeez aritzean lauk «bakarrik» salatu dutela esaten denean, honakoa galde daiteke: osasun-zentro batera jo zuten, non hauteman ahal izan zen egoera? Ba al zuten seinalerik eduki zezaketen eskola-adineko seme-alabarik? Jarri al ziren gizarte-zerbitzuekin harremanetan?

Azkenik, krisi garaian, eskubide sozial eta ekonomikoak ere bizigarri dira horrelako toki komunetan. Eta esparru horretan ere salbuespena arau bihurtzeko teknika baliatzen da.

Baztertu beharreko topikotzarrik deitoragarrienetako batek dio txiroak nahi dutelako direla txiro, alferrak direlako eta nahiago dutelako gizarte-laguntzez bizi beren lanaz baino. Baina ez da enplegu falta aipatzen, eta horrela gizarte-laguntzak jasotzen dituzten pertsonak errudun bihurtzen dira beraiek sortu ez duten arazo batengatik. Eta hortik areago goaz: iruzurra orokorra da gizarte-laguntzak kobratzen dituztenen artean eta ez dago ekiditeko behar adina kontrolik. Kontrolak egoteaz gain, administrazioek laguntza horiek jasotzeko gero eta zailtasun gehiago jartzen dituzte.

Eta hortik gizarte-laguntzak ekonomiarentzako oztopo izatera pasatzen dugu, horiek askoz txikiagoak direnean, adibidez, bankuei emandakoak baino. Eta bitxietan bitxienak: gazteak abentura bila joaten dira atzerrira lanera eta iraupen luzeko langabeak «ohitura txarrak» hartzen dituztelako dira iraupen luzeko langabe. Pertsona langabeak «heldutasunaz gabetzen dituzten» topikoak. Atzerritarrak guri lana eta laguntzak kentzera datozela dioen mito faltsuak euren eskubide sozial eta ekonomikoak urratzeko aitzakia bezala erabiltzen den moduan.

Topikotzarrek arinkeriaz azaltzen dute errealitatea eta boterearentzat deserosoak diren errealitateak ezkutatzeko erabiltzen dira. Horrela, diskurtso politikoa larriki galbideratu eta egiazko arazoentzako konponbideak aurkitzea zailtzen dute. Baina, nagikeria akritikoaren erabilera sustatzen duenaren aurka egiteko hezkuntza behar da, kalitatezko… eta murrizketarik gabeko hezkuntza, hain zuzen ere.

Intentos dados en la historia reciente
y pasos a dar en el futuro

Sabino Ormazabal Elola

Los intentos por encontrar un camino de solución y/o encauzamiento de los conflictos históricos y más recientes que tenemos en la sociedad vasca han pasado por etapas diferentes (ver cuadro adjunto).  Al hablar en plural de conflictos se pretende constatar que no hay una única cuestión a resolver o encauzar, o dicho de otra manera, que  hay varios nudos que configuran más de un conflicto y consiguientemente no ha sido ni es sencillo atinar con los senderos que llevan al camino apropiado y conveniente de “llegada”.

Pongo entrecomillada “llegada”, porque si a lo anterior añadimos que a la meta que creemos definitiva se tardará en llegar y que cuando creamos que lo hemos hecho deberemos continuar caminando (“Y cuando creáis que habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas”, Itaca de Kavafis y Llach), tendremos que concluir que lo verdaderamente importante en esta vida es el propio camino que recorremos, la actuación y coherencia diarias (la paz es un proceso no una meta).

Siendo un deseo mayoritario el que podamos coexistir en nuestro pueblo con una pluralidad de pensamientos, la convivencia a reconstruir de forma colectiva deberá asentarse en una cultura basada en los derechos humanos universales. Una cultura que mire hacia delante pero que no olvide lo que ha pasado y por qué ha pasado.

Por el momento tenemos distintas formas de ver lo sucedido y de cómo abordarlo:

Cuatro formas de hacer relato

1. “Sólo hay unas víctimas”

Así lo dice la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y así lo defienden diversas asociaciones, cargos políticos, editorialistas y tertulianos. Y se movilizan por ello.

Desde esta visión, suele exponerse que aquí no ha existido ni hay un conflicto,1 que todo ha empezado con ETA y el día que ETA desaparezca definitivamente se habrá solucionado todo. Pero a medida que las cotas de enquistamiento han ido aumentando, se ha imputado al conjunto del nacionalismo vasco de haber favorecido, alentado y justificado la violencia de motivación política. Incluso también se ha señalado al Partido Socialista en numerosas ocasiones.

Igualmente, cualquier iniciativa que hable de otro tipo de víctimas se ha querido acallar afirmando que ello favorece el que ETA pueda hablar de dos violencias simétricas. El GAL, por ejemplo, es “un error de mediados de los años ochenta”.2

Con ese punto de partida, el Gobierno vasco de Patxi López (PSE) ha sido acusado de crear una lista paralela de víctimas3. También el ministro del Interior del Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, calificó el primer decreto vasco de víctimas de motivación política de “impresentable” al considerar que supone “equiparar a las víctimas”.4 Asimismo, el proyecto de Instituto de la Memoria, la Convivencia y los DDHH se aprobó en el Parlamento vasco con la oposición del PP y UPyD. “Sólo sirve para que ETA justifique sus crímenes”,5 diría el portavoz del PP.

De esta forma, se construye el relato según la autoría, según quiénes han sido los perpetradores, lo que lleva a una memoria parcial. Hasta el momento se ha legislado con ese planteamiento: Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, ampliada en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. A ellas se han añadido la Ley Vasca 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y la Ley Foral 9/2010 de Víctimas del Terrorismo.

2. Sí hay otras víctimas, pero…

A diferencia de lo legislado desde el Gobierno español, el Gobierno vasco se ha atrevido en los últimos tiempos a dar pasos en el camino de un reconocimiento más integrador. En este segundo relato se reconoce que hay otras víctimas, aunque se mantiene una escala jerárquica a la hora de legislar partiendo de quiénes han sido los perpetradores. Se recalca una y otra vez que no puede haber equiparaciones entre unas y otras víctimas, de ahí que se considere a las víctimas policiales como “Las otras víctimas”.

Existe un antecedente previo que se remonta a noviembre de 2000, que se denominó como “Ponencia Víctimas de la Violencia de la Comisión DDHH del País Vasco”. Pero no tuvo mucho recorrido porque en la misma no participaron PSE, PP ni UA.  Siete años después hubo un doble mandato parlamentario que desembocó en dos informes en junio de 2008.

Entre estos dos trabajos elaborados por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo (DAVT) y por la Dirección de DDHH del Gobierno vasco, se pusieron encima de la mesa 770 nombres de personas a las que se vulneraron su derecho a la vida o a la integridad física y psíquica por parte de grupos de incontrolados, extrema derecha y GAL (66 personas muertas) y de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales (109 personas muertas).

En los pasos siguientes, tras el cambio de gobierno vasco, los nombres de 2008 se guardaron en un cajón y en junio de 2012 fue aprobada  una iniciativa que no tiene rango de Ley: un primer decreto sobre víctimas de motivación política entre 1960 y 1978,  y se anunciaba un segundo decreto posterior a esa fecha.

El decreto aprobado iguala reparación a indemnización, olvidándose de desarrollar el acceso a la verdad. Asimismo, no señala victimarios, su ámbito se ciñe a la CAV, las víctimas tienen que probar secuelas físicas, ha retirado elementos como la tortura que sí se recogían en el primer borrador,  y no propone mecanismos de investigación activos e imparciales…

Se enfoca como “actuaciones indebidas”, “actos ilegítimos de la autoridad”, “abusos” o “excesos”… las vulneraciones llevadas a cabo por los agentes policiales, y de “olvido institucional” el papel del Estado. Falta por tanto un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la impunidad, en la no investigación y en el esclarecimiento de lo ocurrido en las versiones oficiales que han ocultado, respaldado, protegido o justificado evidentes casos de conculcación de DDHH.

3. Construir la propia memoria

En este tercer relato se defiende la existencia de un conflicto político que está en el origen del sufrimiento acumulado, que estamos en un pueblo que lucha por sus derechos políticos y democráticos, y que en esa lucha ha habido gente que se ha alzado en armas. Plantea que este conflicto terminará cuando se consiga un marco democrático inclusivo.

Se reconoce que el dolor y el sufrimiento están en todas las partes del mismo, pero se construye sólo la memoria de las personas represaliadas por la violencia estatal, para contrarrestar con ello la “forma unilateral de legislar durante años el dolor únicamente de unas víctimas”.

A las víctimas causadas por ETA se contraponen 10.000 personas que han denunciado haber sido torturadas desde 1960, 7.000 personas que han sido encarceladas, 50.000 personas detenidas y 474 personas muertas a consecuencia de la “represión del Estado”,6 sin distinción de cómo han sido los hechos acaecidos.

Esas cifras incluyen casuísticas muy diversas y se mezclan los mapas del sufrimiento y de la vulneración de DDHH, al no hacerse distinción entre lo que es violación de derechos y lo que son las consecuencias dolorosas de un enfrentamiento armado.

4. Construir desde los hechos, no por la autoría

Este cuarto relato se basa en los principios y normas del derecho internacional de los Derechos Humanos y del derecho internacional humanitario. De forma resumida, los ejes básicos7 en los que se basa son:

Se parte de los hechos acontecidos, no de quién los ha hecho, tenga uniforme o no.
A igual conculcación de derechos corresponde igual tratamiento y reconocimiento para todas las víctimas.
No hay lugar a la discriminación. Busca sacar la fotografía más completa posible de todas las partes, una memoria inclusiva en la que no falte nadie que haya sido víctima de vulneraciones de derechos humanos.
Los casos de sufrimiento que no son considerados estrictamente como conculcaciones de derechos humanos deben contar con un tratamiento aparte, pero deben ser abordados en un proceso de memoria y reconciliación.

Pasos deseables

Teóricamente, una de las cosas que une a los cuatro relatos es que todo lo que hay por hacer no se construya sobre el olvido sino buscando la verdad de lo sucedido, para que no se repita. Como dice Carlos Martin Beristain, “el dolor no puede repararse pero sí reconocerse”. Reconocer todo lo sucedido y el dolor de todas y todos.  Y este cometido debe hacerse cuanto antes. “Llevamos 40 años soportando esta carga. Hay que cerrarlo de una vez y bien”, en palabras de Josu Elespe, hijo de un concejal muerto en atentado de ETA (El Periódico, 03/03/2012).

Pero para cerrar “de una vez y bien” esta parte violenta de nuestra historia reciente, tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar los elementos de acuerdo, y la labor no es fácil. Si concluimos que el conocimiento de la verdad nos une  -une a todos los relatos-, posibilitémoslo. En ese camino a recorrer, algunos aspectos a abordar podrían ser los siguientes:

Reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos.
Investigación exhaustiva de los hechos. La carga de la prueba no puede recaer en las víctimas, por lo que la administración tiene que facilitar el acceso adecuado a la información y al proceso de reparación.
Reconocimiento de todas las víctimas a la verdad, justicia y reparación. No puede limitarse únicamente a los casos con secuelas o sentencias.
Los criterios de reparación deben sustentarse en el derecho internacional de los DDHH.
El proceso de reparación debe culminar en Ley, para evitar discriminaciones entre la diversa tipología de víctimas. Como no se ha empezado así, debe aprovecharse lo que hay para corregir la situación en cuanto sea posible.
Puesta en marcha de algún tipo de mecanismo de verdad, en base a los hechos sucedidos: facilitaría la consciencia de las conculcaciones, los atentados sin aclarar de toda índole; testimonios no relatados convenientemente, especialmente los de tortura; el paradero de las seis personas desaparecidas; los niveles reales de extorsión y amenazas…
Autocrítica sincera. Reconocimiento público del daño causado por todas las partes que han ejercido violencia política, incluida la implicación y la responsabilidad del Estado. Ello podría impedir que se repitieran nuevas violaciones.
Desarme definitivo de ETA.
Terminar con las leyes y normas excepcionales. Reforma legislativa en profundidad de la normativa penal y penitenciaria. Desaparición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Nacional. Acabar con la dispersión y el aislamiento.
Poner fin a la tortura y derogar el régimen de incomunicación. Adopción de los mecanismos eficaces de prevención de la tortura.
Reforma de la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre.
Que el Instituto de Memoria, Convivencia y DDHH que se proyecta tenga un componente más científico y de menos peso político, tal como se le da ahora (“Actúa en sus fines en el marco de las directrices y política general del Gobierno vasco y del Departamento al que se encuentre adscrito que ejercerá la dirección e inspección…”).
Elaborar una estrategia común de reconciliación social, política y de memoria que lleve a un reconocimiento mutuo y a la integración.
Pedagogía social. Que los medios de comunicación acompañen de forma positiva un proceso de convivencia. Que los cargos políticos e institucionales sean consecuentes con la reconstrucción del tejido social.

25 años de iniciativas y contexto en la historia reciente
1986
Contundente no vasco en el referéndum de la OTAN
Se crea Gesto por la Paz
Informe de la Comisión Internacional sobre la Violencia en el País Vasco, tras el Plan ZEN
Propuesta de Estado libre asociado a España
Graban cruces gamadas y siglas GAL a una veintena de personas

1987
Congreso internacional por la paz y el desarme en Gernika 37/87
Último atentado mortal del GAL
Acuerdo o Pacto de Madrid: rechazo a negociar con ETA problemas políticos
Primera carta bomba de ETA
1988
Nace Covite
ETA ofrece un alto el fuego de dos meses en tres ocasiones. Contactos
Pacto de Ajuria Enea o Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi. Lo firman AP, CDS, EA, EE, PNV y PSE-PSOE
Plan Ardanza y Pacto de Navarra
1989
Se juntan Paz y Desarme, Gesto por la Paz y la Asociación por la Paz de Euskal Herria y surge la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
Conversaciones o Mesa de Argel. Dos meses de tregua bilateral
Comienza la dispersión de presas y presos vascos.
1992
Nace Elkarri
Se aprueba la autodeterminación en el Parlamento vasco
1993
Campaña del lazo azul ante el secuestro de Julio Iglesias Zamora por parte de ETA
1994
251.000 firmas de poyo a la iniciativa “Euskal Herria. Acuerdo 94” de Elkarri, por la resolución del conflicto vasco y abandono de la violencia
Tras un primer encuentro en Arantzazu entre nueve organismos sociales, se culmina con los Acuerdos de Maroño a favor del diálogo
Manifestación en Bilbao: “Distensión y diálogo, ahora es el momento”
1995
Primera Conferencia de Paz de Elkarri
Órgano Común Permanente, impulsado por PSN, CDN y EA
1996
Tregua de una semana de ETA
1997
Denuncia conjunta en Madrid de Gesto y Elkarri sobre la política de dispersión carcelaria
Foro de Ibaeta
Secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco. Manos blancas
1998
Nace Foro Ermua
Cierre de Egin
Declaración de Viernes Santo-Acuerdo de Stormont en Irlanda del Norte
Declaración de Lizarra-Garazi, firmado por Batzarre, EA, HB, IU, PNV, Partido Carlista, siete sindicatos y nueve organizaciones sociales
Tregua de ETA: 14 meses
1999
Reunión Gobierno español y ETA en Suiza
Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo
Se crea Basta Ya!
2000
Documento de Zaramaga
Ponencia Víctimas de la Violencia. Comisión de DDHH Parlamento vasco
Propuesta del lehendakari Juan José Ibarretxe para la pacificación y la normalización
Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo en Madrid
2001
Nueva propuesta de Ibarretxe
Declaración institucional de Udalbiltza
Atentado del 11-S en Nueva York
2002
I Jornadas de Noviolencia Activa
II Conferencia de Paz de Elkarri
“Preparar la paz”, carta pastoral de los obispos vascos
“Con mano izquierda”, propuesta de Gemma Zabaleta y Denis Itxaso
Propuesta de Ibarretxe de “libre asociación”
Ley de Partidos y posterior ilegalización de Batasuna
2003
El Gobierno de Aznar modifica el Código Penal para castigar con cárcel e inhabilitación el que un cargo público convoque elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes
Cierre de Euskaldunon Egunkaria
Invasión de Irak tras la reunión del trío de las Azores: Bush, Blair y Aznar
2004
Encuentros de Egino o Mesa de Reflexión Plural, impulsada por Elkarri.
Atentado de Al Qaeda en cuatro trenes en Madrid el 11-M
ETA da aconocer el fin de sus acciones armadas en territorio catalán
Propuesta de Anoeta: “Orain herria. Orain bakea”
2005
III Conferencia de Paz de Elkarri
ETA anuncia el cese de sus acciones armadas contra los electos políticos
Pleno del Congreso español para acordar el inicio de un camino exploratorio y reuniones con ETA en Oslo y Ginebra
Dos manifestaciones en Madrid organizadas por la AVT y el PP contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero
Primeros macrojuicios en la Audiencia Nacional
2006
Declaración de ETA de un alto el fuego permanente, nueve meses
Documento fundacional de Ahotsak
Nace Lokarri
Reuniones entre PSE, PNV y Batasuna
Quinta manifestación de la AVT contra el proceso abierto
El parlamento Europeo aprueba una moción de apoyo al proceso de paz
Bomba de ETA en la T-4 de Barajas. Dos muertos
2007
Conversaciones en Ginebra
Iniciativa del círculo de sillas en Donostia “Abramos camino a la paz”. Más adelante en Bilbao. Durará cinco años
Se crea el Foro de Asociaciones por los DDHH y por la paz del País Vasco
Manifestaciones de Gesto: “Es nuestro derecho, paz y libertad. ETA ez”
Ley de Memoria Histórica

Nace DEMAGUN Hausnarketarako Taldea
2008
Ley Vasca de Víctimas 4/2008
Informes de la DAVT y DDHH
I Conversaciones sobre la noviolencia, un camino para la transformación social y la paz en Donostia
Ley vasca de consulta a la ciudadanía vasca, declarada inconstitucional
Lokarri organiza una consulta popular en Gernika
2009
Detenciones, entre ellas la de Arnaldo Otegi
Atentado mortal contra dos guardias civiles
Propuesta de Altsasu
Se constituye Argituz
2010
II Conversaciones sobre noviolencia y transformación social en Iruñea
Ley Foral 9/2010 de Víctimas del Terrorismo
Declaración de Bruselas
Gendarme francés muerto por ETA
Grupo Internacional de Contacto (GIC)
Cese de acciones armadas ofensivas de ETA
Acuerdo de Gernika
Se crea Euskal Memoria Fundazioa
2011
Conferencia Internacional de Paz de Aiete
Alto el fuego permanente, general y verificable de ETA
Comisión Internacional de Verificación del alto al fuego (CIV)
El Parlamento vasco aprueba una proposición no de Ley 61/2011 sobre “víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política”
Gesto por la Paz invita a sus jornadas a víctimas de abusos policiales
Decálogo de Patxi López: “Unidad, Concordia y Convivencia”
2012
“Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978”
Víctimas diferentes comparecen en Donostia para dar cuenta de una dinámica conjunta llevada a cabo desde 2007: la iniciativa Gleencree
El Tribunal Constitucional legaliza Sortu
Nace Egiari Sor
Proyección de “Parlen els ulls – Hablan los ojos” en el aniversario de Aiete.
Fuente: elaboración propia

2012-06-17
Maiatzaren 22an Eusko Legebiltzarrean erroldatu zen sona handiko lege-proposamen berria: Oroimen, Elkarbizitza eta Giza Eskubideen Institutua sortzekoa hain zuzen ere. Sona handiko proposamena: bai horixe. Zer eta oroimena, elkarbizitza eta giza eskubideen inguruko politikak bultzatzeko Institutu ofizial eta publiko bat sortzea, non eta indarkeria politikoa lagun izan dugun gure herrian, ez da edozein ekimena.

Lehenengo galdera bada, ordea, halako instituturik behar al dugu? Norbaitek esan lezake jadanik Arartekoak bai Euskadin bai Nafarroan bai Iparraldean baditugula. Ombudsman izaera erakundeok dagoeneko giza eskubideen politikak kontrolatzen dituzte eta, batez ere, hiritarrok ditugun kexa indibidualak kudeatzen dituzte. Alegia, Administrazioen kontrolaz arduratzen dira. Oroimen Institutuak, ordea, ez du helburu nagusi hori: ez da horrenbeste kontrolerako tresna bat izango, gobernuko dinamizatzaile bat baizik. Esan dezagun Institutuak giza eskubideen politikak hobeto, indar gehiagoz, modu artikulatuago eta sistematikoago egiteko sortua dela. Bere ikuspegia ez da, Arartekoarekin alderatuta, «kanpoko kontrola», baizik eta «barneko elikatzailea». Hortaz, holako institutuak, badu zentzua.

Areago: institutua funtsezkoa dugu gure herrian, iraganeko hainbat giza eskubideen urraketa-lana oraindik ere ikertu, argitu, justizia, konpondu gabe dagoelako. Estatuko indarkeriak, ETAk egindakoak, biek premia dute, iraganeko zein etorkizuneko lana ezartzeko, bien kasuetan Egia-Justizia-Konpontzea hirukote behar bezala bermatzeari begira. Ikuspegi honetatik Oroimen Institutuak ere badu beste alderdi positiboa: guda zibilaz, Francok egindako zapalketaz, ETAk egindakoaz eta Estatuko indarkeriaz, denetaz batera eta euritako berberapean jarduteko helburua aitortzen duela. Dena batera jartzen hastea, urraketa batzuek eta besteek izan duten tratamendu asimetrikoz bukatzeko asmoz ez da berri txarra orain arte gaiotan izan den diskriminazioa eta onartu ezinezko hierarkiari so eginez gero. Hori bai, lege-proposamenean oraindik ere sumatzen da, soberan apika, terrorismo lehenesten duen diskurtsoa eta faltan botatzen da aipamen argiagoa Estatuak Konstituzioa eta gero egin dituen giza-eskubideen urraketari buruzkoa: alegia, torturak, bestelako gehiegikeria polizialak, talde terrorista eta inkontrolatuen jardunaz antolatu eta baliatu izanak ez du aipamen egokirik. Azken hori, hortaz, emendakinen fasean hobetu ahal den alderdietako bat da, Institutuaren abiapuntua biribiltzeko. Edozelan ere, aipatu horri guztiari atea itxi ez izana ez da berri txarra.

Oroimen Institutuak, esandako alderdi positibo batzuk gorabehera, badu, aitzitik, gakoa den beste alderdi bat, nire aburuz, aldatu beharko litzatekeena: hots, independentziarik ezarena. Esan dugu, halako erakunde bat sortzeak baduela zentzua eta lekua gure administrazio-sarean, gobernuko barruko dinamizatzailea eta elikatzailea izan daitekeelako. Hortaz, erakundeak lotura eduki behar du gobernuarekin horretan eragina izan dezan, eta gobernu barruan giza-eskubideetan egin behar den lana antolatu, biderkatu eta garatu ahal izateko. Lotura bai, baina, aldi berean, lana egiteko orduan Institutuak independentzia-kuota handi bat bermaturik eduki behar du, haren lana eragingarria izatea nahi baldin badugu. Nazioarteko giza-eskubideen ikuspegitik, Pariseko Printzipioak izeneko orientabidea dugu (Nazio Batuen Batzar Orokorrak 1993ko 48/134 Ebazpenak onartua), mota honetako erakundeak nolakoak izan behar dutenaren gaineko estandarrak ezartzen dituena. Mundu mailan giza eskubideak sustatzeko erakunde ofizialak sortzeko gomendatzen da baina, betiere, gobernuetatik independentzia-gutxienekoak baldin badituzte. Eta independentzia, laburbildurik, antolaketa-eredupean eta finantzaketa-eredupean dago. Hona hemen, hortaz, plazaratu berri den Oroimen Institutuaren ahulezia nagusia eta hobetu beharrekoa.

Horri begira, ausartzen naiz, bi aldaketa-orientabide proposatzen. Lehenengoa: Oroimen Institutuaren ordezkari nagusia ezin da gobernuak erabakitzen duen ordezkari bat izan, Institutuko zuzendariaren gainean. Eta berdin da gobernua duen alderdia zein den. Orain arte Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideetarako Zuzendaritza edota Biktimen Zuzendaritza izan ditugu eskarmentu, beraien lana egiteko orduan sailburu baten begipean aritu direlarik. Halako eskemak giza-eskubideen lana mugatzen du ikaragarri, eta kolore politikotik aldentzeko zailtasun ukaezina da. Baina ez dago giza-eskubideen alorreko lan seriorik, kolore politikoa alde batera uzten ez bada. Hortaz, Oroimen Institutuak gure herriaren aldeko benetako zerbitzua egin ahal izateko zuzendariak, behin izendaturik, halako independentzia izan beharko luke gobernu egituretatik. Nire ustez, bera izan beharko litzateke pisuzko figura nagusia, inor gainetik eduki gabe eta izendatzeko orduan soslaia independentea bermatuta egon beharko, alderdietatik at jardun ahal izateko.

Bigarrengo aldaketa-proposamena aurrekoaren osagarria da. Independentzia ez da bakarrik Institutua gobernatzen duen organigramaren menpe. Funtsezkoa da finantziazioa. Oroimen Institutuaren proposamenean Gobernuak erabakitzen ditu, urtero, Institutuaren eginkizuna (lan-planifikazioa) eta aurrekontua (dirua). Horrela izan beharrean, nire aburuz, planifikazioa eta aurrekontua Institutuak erabaki beharko lituzke edo behinik behin haiek negoziatzeko modua izan. Oroimen Institutuaren lanaren eta finantzaketaren planifikazioa guztiz gobernuaren esku egotea Giza Eskubideen nazioarteko estandarren (Pariseko Printzipioen) aurka doa. Horra hor lege-proposamenak aurretik duen erronka. Horri buelta ematen ez bazaio, atzean egon daitezkeen borondate onak gorabehera, Institutuak ez luke herri honek merezi eta behar duen giza-eskubideetako erakunde taxuzkoa izango. Baina oraindik bada aldatzeko aukera eta denbora!

Jon Mirena Landa

Zuzenbideko irakaslea EHUn

14 de Junio de 2012

Se acaba de aprobar por el Consejo de Gobierno el llamado Decreto de Declaración y Reparación de las Victimas de Sufrimientos Injustos como consecuencia de la Vulneración de sus Derechos Humanos producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la Violencia de Motivación Política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El decreto propone reparar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos por parte de funcionarios públicos y crea la Comisión de Evaluación que se encargará de reconocerlas. Argituz siempre valora estas medidas a la luz del derecho internacional. El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó unos principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. Dichos principios establecen como estándar básico irrenunciable los derechos a conocer la verdad, a que se haga justicia y a una reparación proporcional a los daños causados. Otro principio universal es el de igualdad ante la ley: a igual conculcación deben corresponder iguales derechos.
El decreto que presenta el Gobierno tiene la virtud de encarar, al fin, el reconocimiento de tantas personas que han visto hasta ahora ninguneados sus derechos. Pero ese reconocimiento tiene que ser completo, veraz y creíble, y debe responder a un auténtico deseo de reconocimiento y reparación. Tiene que ser un reconocimiento para cerrar heridas y que no se convierta en una nueva ofensa por omisión o discriminación.
En opinión de Argituz, el decreto tiene algunas carencias y, con su actual redacción, supone una minimización de ciertos derechos o una discriminación de las víctimas, lo cual no es aceptable.
Por ejemplo, es totalmente adecuado que el decreto cree una Comisión de Evaluación de los casos, pero preocupa que ésta no tenga la independencia que debe tener cualquier comisión de este tipo y que esté presidida por la persona titular de la Dirección de Derechos Humanos. Es práctica internacionalmente aceptada que, si bien estas comisiones deben contar con un apoyo político amplio, también deben contar con la independencia suficiente para poder hacer su trabajo con eficacia y legitimidad y fuera del juego político. Dicha comisión de evaluación necesita dotarse de forma predominante y mayoritaria de expertos en la materia y de instrumentos como el Protocolo de Estambul para una investigación fehaciente de los casos de tortura.
Nos preocupa, también, que se confunda «reparación» con «indemnización» y que el decreto se preocupe prácticamente en exclusiva de las indemnizaciones, olvidándose de desarrollar el crucial derecho a la verdad, que ha estado ausente en la mayor parte de estos casos, y que es la puerta para acceder a la justicia.
Nos preocupa igualmente que no se proponga ningún mecanismo de investigación activo, que pueda contribuir a sacar a la luz los hechos que el Estado se ha ocupado de ocultar y negar durante décadas. De hecho, estas prácticas obstructivas harán imposible el conocimiento de la verdad si el Gobierno Vasco no toma una actitud proactiva a favor de la búsqueda de los datos y del esclarecimiento de los hechos.
Argituz valora muy positivamente que desde sus primeras redacciones el decreto ha ido incorporando algunas modificaciones como el adelanto de la fecha del ámbito temporal desde 1968 a 1960 (aunque no se justifica que no se retrotraiga aún más hasta la guerra civil) o la mención y reconocimiento del «olvido institucional» que ha presidido a estas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la definición de violencia política que se recoge en el decreto es excesivamente restrictiva y criticable porque exige como mínimo lesiones permanentes dejando fuera un amplísimo campo de violaciones como lo son, particularmente, las torturas, que sí aparecían mencionadas en borradores anteriores. A su vez, esto ahonda las preocupaciones que siente Argituz en el sentido de que el segundo decreto, al tratar del periodo posterior a la Constitución de 1978, pueda no reconocer suficientemente la existencia de tales prácticas en ese periodo simplemente por no tratarse de un régimen totalitario. No caben categorías en función del tipo de régimen político bajo el cual se producen las conculcaciones, en este caso las torturas, sino que lo único relevante son las obligaciones contraídas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos por el Estado a la hora de establecer los derechos de las víctimas de tales conculcaciones.
Difícilmente encaja en la doctrina internacional de los Derechos Humanos proponer, como se hace en el decreto, unas indemnizaciones para las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que distan de las previstas para una persona víctima de una violación de derechos similar que se acoja a decretos destinados a víctimas de terrorismo. Es decir, según quiénes sean los perpetradores, se tiene derecho a una indemnización u otra. Y también discrimina cuando propone que las víctimas de lesiones permanentes invalidantes sean indemnizadas según el baremo utilizado para los accidentes y enfermedades profesionales. No se puede aplicar un baremo destinado a accidentes a reparar un delito como la tortura que, por definición, es doloso, criterio que compartimos con organizaciones como Amnistía Internacional. Tampoco reconoce toda una serie de derechos que se reconocen para otras víctimas del mismo periodo, amparadas por otros decretos, las cuales tienen acceso a ayudas tales como atención psicológica y psiquiátrica, asistencia sanitaria de urgencia y asistencia complementaria a la del sistema general, indemnizaciones por daños materiales, adjudicación preferente de viviendas de protección oficial, ayudas para el estudio o prioridad para acceso al empleo público.
Limita además los «sufrimientos injustos» que tendrán derecho a reparación a los hechos físicos demostrables, excluyendo los sufrimientos psicológicos. Además, pone la carga de la prueba en la persona, quien difícilmente podrá demostrar los delitos de tortura, por ejemplo, al no haber sido investigados en el momento por la labor obstruccionista del Estado y la Justicia.
Argituz sabe que avanzar en estas cuestiones no es fácil, pero es posible: otras sociedades, con terribles experiencias de violaciones de derechos humanos a cuestas, han abierto camino y han llevado a cabo políticas para restañar las heridas. Por ello, animamos al Gobierno Vasco y a los diferentes partidos políticos a ampliar la base de trabajo que supone este decreto en los próximos pasos que deben darse, siempre teniendo como norte los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Este decreto no puede ser un cierre, sino un paso más, por pequeño que pueda ser.
Es posible. Este decreto abre un camino hacia la reparación de las víctimas, la devolución de la dignidad y el cierre de las heridas, pero ese camino debe abrirse con garantías si deseamos que de verdad sea efectivo.

* Andrés Krakenberger, Jon Landa y Sabino Ormazabal

En representación de la Asociación proDerechos Humanos Argituz

Esta es la relación completa de los firmantes de la Iniciativa Glencree, tal como la facilitaron ayer ellos mismos y el equipo dinamizador de la experiencia en San Sebastián. Dos participantes enla experiencia (una victima de ETA y otra del Batallón Vasco Español) prefirieron no firmar al final la iniciativa por razones personales, aunque apoyan todo el trabajo realizado.

Iñaki Aguiriano. Hijo de Victoriano Aguiriano y María Ángeles Barandiarán, muertos tras ser tiroteados el 16 de octubre de 1982 en un control de la Policía Nacional en Vitoria.

Jaime Arrese. Hijo de Jaime Arrese Arizmendiarreta, dirigente de la UCD de Guipúzcoa, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en Elgoibar el 23 de octubre de 1980.

Edurne Brouard. Hija de Santiago Brouard, médico de Bilbao, dirigente de Herri Batasuna, asesinado por los GAL en su consulta el 20 de noviembre de 1984.

Trini Cuadrado. Viuda de Miguel Arbelaiz, militante de HB, asesinado por el Batallón Vasco Español (BVE) en Hernani el 7 de setiembre de 1980.

Patxi Elola. Concejal del PSE de Zarautz, víctima de numerosos ataques contra su negocio y objeto de amenazas personales (dianas, pintadas,…) en su pueblo.

Carmen Galdeano. Hija de Xabier Galdeano, delegado del periódico Egin, asesinado por los GAL en San Juan de Luz el 30 de marzo de 1985 .

Fernando Garrido. Hijo de Rafael Garrido Gil, gobernador militar de Gipuzkoa, asesinado por ETA en San Sebastián el 25 de octubre de 1986. En el mismo atentado mueren, asimismo, su madre Daniela Velasco y su hermano pequeño Daniel.

Maribel González. Viuda de Alberto Soliño, asesinado en Eibar el 12 de junio de 1976 por un guardia civil a la salida del certamen de canción vasca que se celebraba en el Jai Alai.

Senén González. Hijo de Manuel González Vilorio, secretario del Ayuntamiento de Ispaster, asesinado por ETA en ese mismo pueblo el 18 de junio de 1984.

Amaia Guridi. Viuda de Santiago Oleaga Elejabarrieta, director financiero de El Diario Vasco, asesinado por ETA en San Sebastián el 24 de mayo de 2001.

Mari Carmen Hernández. Viuda de Jesús María Pedrosa, concejal del PP en Durango, asesinado por ETA en la misma localidad el 4 de junio de 2000.

Carmen Illarramendi. Viuda de Jesús Mari Ijurko, miembro activo de HB y Gestoras, herido muy grave en atentado perpetrado por el BVE en Rentería el 28 de marzo de 1980. Carmen también resulta herida en el mismo atentado.

Arantxa y Axun Lasa. Hermanas de Josean Lasa Arostegi, secuestrado, torturado y asesinado y cuyos restos mortales son encontrados en Alicante en 1985, aunque no serán identificados hasta 1995. Fueron condenados los miembros de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, Dorado Villalobos y Bayo Leal.

Ana Merquelanz. Hija de Martín Merquelanz, taxista de Irún, asesinado por el BVE en Oiartzun el 24 de mayo de 1978.

Jorge Mota. Hermano de Ángel Mota Iglesias, funcionario de prisiones, asesinado por ETA en San Sebastián el 13 de marzo de 1990.

Jokin Olano. Herido por torturas infligidas por la Guardia Civil el 30 de julio de 1983.

Mikel Paredes. Hermano de Juan Paredes Manot, Txiki, fusilado por el régimen franquista el 27 de septiembre de 1975.

Jorge Pérez Jáuregui. Hermano de Roberto Pérez Jáuregui, asesinado en Eibar el 8 de diciembre de 1970 cuando participaba en una manifestación contra el proceso de Burgos.

Leonor Regaño. Viuda de Manuel Jodar, artificiero de la Policía Nacional, asesinado por ETA en Bilbao el 24 de mayo de 1989.

Santos Santamaría. Padre de Santos Santamaría, mosso d’esquadra asesinado por ETA en Rosas el 17 de marzo de 2001.

Milagros Sarduy. Viuda de Jesús María Etxebeste, agente de aduanas de Irún, asesinado por ETA en la misma localidad el 28 de agosto de 1980.

Beatriz Susaeta. Viuda de Tomás Alba, concejal de HB en San Sebastián, asesinado por el BVE en Astigarraga el 28 de septiembre de 1979.

Mariló Vera. Hija de Jerónimo Vera García, miembro de la Guardia Civil, asesinado por ETA en Pasajes el 29 de octubre de 1974.

Lurdes Zabalza. Hermana de Mikel Zabalza, apareció muerto en el río Bidasoa tras haber sido detenido por la Guardia Civil. Según todos los indicios, murió tras sufrir torturas el 26 de noviembre de 1985.