La propuesta aprobada por la Cámara Vasca por mayoría absoluta el 30 de diciembre de 2004 es un programa político que hace del derecho de todos los vascos a decidir su futuro su principio rector. La oferta hecha por Batasuna en Anoeta, el 14 de noviembre pasado, articula un método de solución del conflicto basado en vías exclusivamente pacíficas.

Las dos propuestas son de momento líneas paralelas que se proyectan hacia el infinito sin converger entre sí; por otra parte, su origen e iniciativa parten sobre todo de las distintas familias del nacionalismo vasco, contando con la hostilidad abierta de los dos grandes partidos de Estado.
Una diferencia esencial salta a la vista en los casos vasco y norirlandés.

En este segundo caso se entrecruzan dos procesos: el de la aprobación de un acuerdo político basado en el consenso (no unánime, pero sí políticamente eficaz) de los dos bandos, unionista y republicano; y el del desarrollo de un plan de solución de un conflicto violento en una sociedad profundamente dividida como es Irlanda del Norte. Ello la convierte en una referencia comparativa más pertinente para nosotros que la de Québec, que aunque ha influido, y mucho, en la elaboración del programa político aprobado por la Cámara Vasca (a través de los principios de la soberanía compartida y del federalismo de libre adhesión), carece, por innecesario, de un método específico de solución de conflictos violentos.

A grandes rasgos, el proceso de reconciliación de Irlanda del Norte se basa en tres grandes ejes: 1)-La construcción de un «locus», o lugar, de reconciliación de todas las personas, ideas y cosas; 2)-Un temario de cuestiones/relaciones a resolver, como son: la retirada de las armas de los grupos clandestinos; la liberación de los presos; la adecuación de las fuerzas policiales a los derechos humanos; y la reparación de las víctimas. 3)-El diseño de un cambio político-social, preludiado por los gobiernos británico e irlandés en la Declaración de Downing Street de 1993 y formalizado por los partidos políticos norirlandeses en el Acuerdo de Stormont de 1998.

En el caso vasco, Anoeta diseñó un método de solución de conflictos que se inspiraba en el espejo irlandés. Distensión, apuesta exclusiva por las vías políticas, conciencia por la izquierda abertzale de ser una de las partes de un todo, toma en consideración de todas las sensibilidades nacionalistas vascas o no, intervención negociada del grupo armado sólo en el tema específico de la desmilitarización, derecho de las víctimas a la reparación… Todo ello enmarcado en el principio del derecho de los vascos a decidir sobre sí mismos.

Si algo estaba claro en la declaración de Anoeta era la puesta en relación del fin de la violencia de ETA con un programa de cambio basado en la auto-decisión de los vascos. Pero el único programa que se encontraba encima de la mesa, tras un laborioso proceso de elaboración y tramitación, era el del Gobierno tripartito, al que se le puede reprochar su carácter elitista y parlamentario, pero del que no se puede negar estar respaldado por el poderoso y democráticamente incontestable argumento de los votos obtenidos en los sucesivos comicios. El que la izquierda abertzale haya debido aferrarse a él (o a una de sus partes) para blindar Anoeta, debiera inducirle a una actitud de mayor modestia y a una más lúcida aceptación de sus propias limitaciones.

Los portavoces de Batasuna han argumentado, para explicar la división de su voto, su acuerdo con el Preámbulo y su desacuerdo con el articulado que trata de la reforma estatutaria. Pero el Preámbulo, que habla de Euskal Herria, afirma su territorialidad y proclama el derecho de autodecisión de los vascos, contiene orientaciones pragmáticas aceptadas también por Batasuna: por ejemplo, la definición de un «nuevo pacto político por la convivencia», que se materializaría en un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la libre asociación; así como el hecho de que «la Comunidad de Euskadi libremente asociada» se circunscriba de momento a Bizkaia, Guipúzcoa y Araba.

Por ello, la oposición de las fuerzas centralistas a la propuesta aprobada por la Cámara vasca no se debe a su supuesto carácter secesionista o independentista -no lo es en ninguna de sus partes, incluyendo su Preámbulo-, ni a un «contubernio con ETA-Batasuna» (el carácter inesperado de la decisión sorprendió el 30 de diciembre a todo el mundo, incluido el lehendakari); sino a la voluntad de enfatizar la proclamación exclusiva del pueblo español como único sujeto de auto-decisión, negándola, en consecuencia, al pueblo vasco, aunque el resultado de esta auto-decisión sea el de la libre asociación a España.

De ahí los clamores de dignidad patriótica ofendida y hasta los ruidos de sable que se oyen estos días. Se perfilan ya las fechas de la escenificación del doble rechazo español gubernativo y parlamentario: en la primera mitad de enero lo expresará el presidente del gobierno; en marzo, las Cortes españolas. Todo ello se acompañará de un acentuamiento represivo contra Batasuna, tergiversando y criminalizando el sentido de Anoeta y manteniendo su exclusión de cara a los comicios autonómicos de mayo, en busca de una nueva y artificial mayoría constitucionalista en la Cámara vasca que permitiría derogar en el futuro la propuesta recién aprobada.

¿Qué cabe hacer a partir de ahora por las fuerzas vascas que la han aprobado total o parcialmente? Mi opinión personal, tan susceptible de error como cualquier otra, es que éste sería el momento de corregir un rumbo que no se está mostrando a la altura de las expectativas creadas. Formaba parte del discurso del tripartito el afirmar que su propuesta iba a resolver los problemas del pueblo vasco en el transcurso de una generación; Anoeta se presentó como un hito decisivo en la solución del conflicto vasco. Ambas propuestas se dirigían a una audiencia más amplia que la de sus propias bases, esto es, al pueblo vasco en su conjunto. Y sin embargo, en los últimos discursos vienen primando consideraciones más centradas en los réditos electorales inmediatos que en los objetivos a largo plazo: a los reproches contra las «coaliciones abertzales-constitucionalistas» responden las denuncias del carácter «increíble» de las iniciativas del tripartito.

Sería éste el momento de tomarse mutuamente en serio, de consensuar entre unos y otros un núcleo duro de la propuesta a defender y de llevar a los agentes de la sociedad civil la discusión de contenidos concretos del articulado que les afectan, con lo que se corregiría el déficit participativo y social del proceso que algunos venimos observando. Ni que decir tiene que ello exigiría que todos los agentes de este pueblo aceptaran, no sólo en el terreno del discurso, sino en el de los hechos, el principio de la exclusividad de las vías políticas, incluyendo a ETA.

En cuanto a las fuerzas estatalistas del no, cuya inclusión es necesaria en todo proceso de reconciliación sostenible, como lo muestra la vía irlandesa, hay que distinguir en todo caso la actitud numantinamente centralista del PP del objetivo del PSOE de configurar una España plural en la que quepan «comunidades nacionales» mediante la reforma correspondiente de los Estatutos de Autonomía. Buscar un puente entre este proyecto y la aceptación del derecho del pueblo vasco -y eventualmente de otros pueblos- a decidir sobre su futuro, es más un problema de voluntad política que de técnica jurídico-constitucional. Existiendo la voluntad, el papel, como ha ocurrido en otros procesos de paz, lo aguanta todo.

Hoy en día, esa voluntad brilla por su ausencia. En mi opinión, el único factor que podría generarla sería la convicción del Gobierno Zapatero de que si comienza en serio un proceso de paz no le va a estallar la bomba en las manos, como ocurrió en el proceso de Lizarra-Garazi, con lo que desaparecería su renta actual de situación sobre el PP, siendo por el contrario devorado por este partido en las próximas elecciones generales. Blindar su convicción de que su Gobierno será recordado como aquél en el curso del cual desapareció un tipo de violencia, la relacionada con el conflicto vasco, depende sobre todo de ETA.

Francisco Letamendia es profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco.
Recogido en elmundo.es

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