Iniciativa para la defensa de las libertades democráticas
-I-
Justificación
Las personas que firmamos la presente declaración militamos en organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social y con la democracia política. Todos actuamos a título individual porque queremos respetar la autonomía y el pluralismo de nuestras respectivas organizaciones, y desde la diversidad de opiniones políticas que cada cual tiene, nos hemos puesto de acuerdo para crear un comité de defensa de las libertades que aspira a promover el compromiso militante de todos los demócratas.
Somos conscientes de que esta propuesta puede ser incomprendida por quienes estiman que el mero hecho de tener un sistema de partidos políticos y de elecciones libres es garantía suficiente de democracia política. El hecho añadido de que estemos plenamente integrados en la Unión Europea refuerza la percepción de que las libertades democráticas parecen consolidadas, y que la idea de un Comité de defensa de las mismas evoque el recuerdo de tiempos pretéritos, ya superados, de persecución política, de dictadura y represión. Sin embargo, y a poco que observemos con mirada crítica la realidad que nos circunda, apreciaremos que la democracia en que vivimos no sólo es de baja calidad, sino que está incluso en peligro de retroceso.
La violencia política de ETA sigue persistiendo como un factor que conculca derechos humanos y distorsiona la convivencia democracia. La acumulación de secuestros, extorsiones económicas, actos de “kale borroka” y víctimas mortales hasta un total que se aproxima a cerca de 1000 personas en los 30 años de vigencia del sistema democrático, ofrece una idea de la magnitud de este problema. La nueva ruptura de la tregua de ETA ha puesto fin al enésimo intento de buscar una salida negociada, y el anuncio de su regreso a la acción armada amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de violencia política que empantana la cuestión vasca en los mismos términos de sufrimiento, miedo, intolerancia y represión policial en que ha estado sumida en las últimas décadas. El hecho de que esa violencia se realice en nombre de la libertad nacional y del reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni la justifica ni la hace más tolerable desde el punto de vista de los derechos humanos.
Ahora bien, si consideramos la cuestión de la calidad democrática desde el punto de vista de las “normas políticas del estado” bajo las que estamos obligados a vivir, se observará que en ese mismo lapso de tiempo se ha producido el encarcelamiento de varios miles de militantes abertzales sin que se haya podido demostrar la vinculación de muchos de ellos con la violencia de ETA, como en el reciente caso del sumario 18/98. También se ha producido el asesinato de varios decenas de militantes abertzales por el “terrorismo de estado” (GAL, etc), y la tortura en las comisarías, denunciada sistemáticamente por Amnistía Internacional. En otro orden de cosas se puede apreciar la acumulación de un conjunto de leyes especiales como la ley antiterrorista y la ley de partidos entre otras, que cercenan las libertades democráticas, junto a hábitos jurídicos de corte neofranquista, acciones de gobierno y discursos políticos que están transformando el débil e insuficiente “estado democrático” nacido de la reforma de la dictadura, en un cada vez más degradado “estado fuerte” de bajo perfil democrático.
Afortunadamente, algunas de estas prácticas policiales han desaparecido, como en el caso de ciertas formas de “terrorismo de estado”, pero en cambio otras se han reforzado, como es el caso de las leyes especiales, la persecución de la izquierda abertzale o la prevaricación de los jueces en el encausamiento de las cuestiones relacionadas con el “problema vasco”. Estas medidas se presentan como democráticas por el mero hecho de ser “legales”; esto es, por haber sido aplicadas previa modificación de las leyes, pero eso no las convierte en políticas más democráticas que las actuaciones ilegales del “terrorismo de estado”, aunque resulten más tolerables desde el punto de vista de su imagen pública. El caso más paradigmático de esa identificación entre legalidad y derecho la tenemos en el procesamiento iniciado contra el lehendakari y contra los representantes del PSE y de Batasuna en las conversaciones políticas para el final dialogado de la violencia. Cuando se criminaliza el diálogo político como se hace en este caso, no se puede dejar de pensar que el tantas veces invocado “estado español de derecho” se asemeja más a un estado policial que a un estado democrático.
El problema añadido es que todas las medidas de excepción se justifican con el pretexto de “combatir al terrorismo” o de frenar la “secesión vasca”, y en esa carrera de despropósitos del “todo vale contra ellas”, hemos asistido a una paulatina restauración del neofranquismo en las cúpulas dirigentes del Partido Popular, de la Conferencia Episcopal Española, del poder Judicial, y de algunos influyentes medios de comunicación de la derecha clásica. Desde estas instancias de poder se promueven políticas antidemocráticas, se criminaliza la disidencia de izquierda abertzale como sinónimo de colaboración con ETA, y se recuperan los viejos discursos totalitarios del nacional-catolicismo español, como únicos intérpretes de la identidad española, de la democracia y de la Constitución.
El colectivo de personas que promovemos esta iniciativa consideramos que no se debe banalizar la influencia de estos discursos y de estos poderes fácticos sobre el poder político y sobre la opinión pública. Sobre todo y particularmente en las condiciones de desmovilización social de las izquierdas y de exaltación patriótica española en que hoy vivimos, pues su influencia sobre la política es tan considerable que está haciendo retroceder la cultura democrática a niveles preconstitucionales.
En razón de ello, y sin olvidarnos de los problemas derivados de la violencia de ETA, nuestra preocupación también consistirá en desvelar la verdadera naturaleza de las leyes de excepción. El compromiso con la defensa de las libertades nos emplaza a trabajar por abolir esas leyes y reconstruir las bases de una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades, de todos los derechos humanos para todas las personas, y de todos los derechos democráticos para todos los ciudadanos y para todos los pueblos.
De estas consideraciones generales deducimos la siguiente
-II-
Línea de actuación
1.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades actuará contra la conculcación de los derechos humanos y contra el recorte de las libertades democráticas independientemente de quien o quienes los conculquen y atropellen.
2.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades promoverá una cultura democrática de respeto a la vida, de desobediencia civil a las leyes injustas, de movilización social y de acción ciudadana en favor de todos los derechos humanos y de todas las libertades democráticas para todas las personas, partidos políticos y nacionalidades del estado.
3.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades no hará por tanto distinción entre unos derechos y otros, ni condicionará la defensa de unos derechos a la conquista previa de otros.
4.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades se pronuncia radicalmente en contra de la aplicación de “soluciones policiales” a los problemas políticos, y promoverá en consecuencia las vías de la negociación entre ETA y el Estado para las cuestiones relativas a la violencia y a los presos políticos, y las vías del diálogo transversal entre partidos políticos y entre las instituciones vascas y las instituciones del Estado, para todas las cuestiones relativas al derecho de decisión, a la unidad político-territorial, y a la soberanía política de las partes.
Sobre la base de estos criterios, formulamos las siguientes
-III-
Demandas democráticas
1.– Demandamos a ETA el cese definitivo e incondicional de todas las formas de violencia política que ejerce. En esta demanda incluimos el cese de la “kale borroka” o violencia de baja intensidad, independientemente de quienes sean las organizaciones que la ejerzan. Consideramos que esa decisión facilitará la recuperación de la negociación política interrumpida con motivo de la tregua. Pero sobre todo y fundamentalmente, el cese de la violencia debe realizarse por razones de ética política. Esto es, porque las reivindicaciones democráticas requieren la utilización de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos y situados a la misma altura moral que la democracia que se reivindica.
2.– Demandamos al Estado español una política activa contra la tortura y contra la prolongación indefinida de las condenas a los presos políticos, basada en:
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La presencia letrada y la filmación obligatoria de todos los interrogatorios policiales
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El acercamiento de los presos vascos a las cárceles vascas
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La aplicación de la legislación ordinaria para la concesión del 3º grado y para la excarcelación de todos los presos políticos que estén enfermos o que hayan cumplido las ¾ partes de su condena
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La derogación de la “doctrina Parot”
3.- Demandamos al Estado español la abolición de las leyes de excepción a cuyo amparo se ha producido la ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes, la persecución de las organizaciones juveniles vinculadas a ella, la invalidación de sus candidaturas electorales y los procesamientos del Lehendakari junto a dirigentes del PSE y de Batasuna. Muy en particular
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La derogación de toda la legislación antiterrorista
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La derogación de la Ley de Partidos Políticos
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La disolución de la Audiencia Nacional y todos los Tribunales especiales creados al amparo de la legislación antiterrorista
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El restablecimiento efectivo del derecho de libre asociación para todas las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale.
4.- Demandamos al Estado español una política activa contra la judialización de la política y contra la politización de la justicia, muy en particular,
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La anulación de las sentencias del proceso 18/98 y la puesta en libertad de todas y todos los encausados en ese proceso
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La paralización de todos los procesos en curso al albur de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos
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La democratización del poder judicial a fin de garantizar su independencia efectiva, la revocación de cargos y la depuración democrática de todos los jueces de probada adscripción a las organizaciones e ideologías neofranquistas. En esa perspectiva general, demandamos la creación de un poder judicial vasco, así como el control desde el Parlamento Vasco de todas las actuaciones judiciales que estén relacionadas con su ámbito territorial.
5.- Abogamos por la construcción de una nueva cultura democrática contra la intolerancia política,
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Que tomando como referencia las ideas de paz, justicia, democracia y reconciliación, promueva una ley vasca de la memoria histórica basada en el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política desde la guerra civil y la dictadura franquista a las víctimas de ETA, del GAL, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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Una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades nacionales, que promueva la igualdad de las lenguas y la normalización en el uso social del euskera, la transversalidad y el diálogo político en base al respeto de los principios democráticos universales, el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su futuro, la solidaridad entre los pueblos y el pacto entre sus instituciones de autogobierno
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Una cultura democrática que fomente la justicia social, la distribución de riqueza y la participación ciudadana en la extensión de los ideales de progreso, libertad, igualdad, paz y solidaridad
6.– Emplazamos al Estado español a que reconozca el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro político en libertad, comprometiéndose a respetar los resultados de cuantas consultas ciudadanas tengan a bien realizar sus instituciones de autogobierno.
Primeros firmante:
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Jose Luis Longarte de Pastoral Obrera de Bizkaia
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José Ramón Castaños de Ezker Gogoa
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Alvaro Marcos de Ezker Gogoa
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Mariano Gomez de Ezker Gogoa
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Petxo Idoyaga del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV
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Pedro Ibarra del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV
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Míkel de la Fuente director Escuela Universitaria de Relaciones Sociales
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Juan Hernández del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV
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Arantza F. de Garaialde del sindicato STEE-EILAS
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José María Zabalo del sindicato STEE-EILAS
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Loli García del sindicato CCOO
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Jesús Uzkudun del sindicato CCOO
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Emilio Lekue del sindicato ESK
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Jokin Espilla del sindicato ESK
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Celia Muñoz del sindicato ESK
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Iosu Bilbao Cos de Ekologistak martxan
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J.Ramón Martin Urreta de Ekologistak martxan
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Iñaki Bárcena de Ekologistak martxan
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Ricardo Hernández Abaitua del taller de ecologia de Gernika
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Enrique Arzubiaga del taller de ecologia de Gernika
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Juantxu Izagirre de Gernika Batzordea
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Oscar Matute parlamentario de Ezker Batua
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Begoña Vesga de Esker Batua
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Marcelino Fraile de Ezker Batua
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Iosu Murguia Representante de Aralar en las Juntas de Bizkaia
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Román Bilbao Consiliario de Pastoral Obrera
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Natxo Isuskiza Sacerdote
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Joseba Bakaikoa Capuchino
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Oskar Vellisca Abogado
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Javier Gonzalez de Etxerat
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Javier Iriarte de Etxerat
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Javier Delgado de JOC
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Jon Elordui de HOAC
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Alberto Cantero de Itaka
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Carlos Ascunce de REAS
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Marlen Eizagirre de ALBOAN
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Nerea Aresti de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
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Miren Llona de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
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Anabel Sanz de Asamblea de Mujeres de Bizkaia
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Marta Brankas de Asamblea de Mujeres
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Xabier Sarasua
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Jesús María Bilbao
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Jesús María Barrutia
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Juan María Zulaika
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Jose Alcedo
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Txema Mendibil
Nota: Esta propuesta se enviará a personas representativas de otros movimientos sociales, ONGs, Fundaciones, Sindicatos (ELA-LAB,UGT, etc.) Partidos políticos (Batasuna, Nafarroa BAI, EA, PSE, PNV), y otros y otras de no importa cual asociación cultural o colectivo ciudadano